El presidente declaró como "servicio público" a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión, a través del DECNU-2020-690-APN-PTE - Ley N° 27.078. Modificación. Así, las tres prestaciones pasaron a ser consideradas necesarias y fundamentales para el desarrollo económico y social de la población, y ante la falta de los mismos la seguridad, la salud o el bienestar de toda o parte de una comunidad estaría en peligro o seriamente perjudicada.
¿A cuantas empresas alcanzaría este decreto?
Aproximadamente 1.000 empresas. Se están regulando a todas las empresas de internet, que son centenares, que incluyen grandes, medianas, pequeñas. Hay 400 cooperativas. Esto incluye a las tres telcos grandes, Telefónica, Telecom Personal y Claro. Y también las de TV por cable.
¿Por qué se incluye la TV por cable?
Porque durante el gobierno que transcurrió entre finales del 2015 y finales del 2019, se emitió el decreto 267 que las consideró empresas de Tecnología de la Información y Comunicación (TICS).
Se las sacó del ámbito de la Ley de Medios. Cómo ahora el decreto presidencial declara a las TICS como servicios esenciales, se incluye a la TV por cable.
¿Al declararlos servicios públicos, ¿se está planteando que es el Estado el que tiene la obligación de prestar el servicio y que entonces lo concesiona?
Estos servicios son servicios públicos prestado por empresas privadas.
Lo que se califica de público es el servicio, no quien lo presta. Por eso es en competencia. A diferencia de los viejos servicios públicos, que eran monopólicos, estos son en competencia y por eso lo que se regula es el precio.
¿Va a haber una tarifa social?
En la ley Argentina Diigital del año 2014 (27.078) ya había sido declarado como servicio público y el Estado podía regular precios. Durante el anterior gobierno quien ejercía la presidencia (Mauricio Macri) derogó los dos artículos.
En este decreto se crea una tarifa social. Va a ser obligatoria, que es parecido a lo que hay en salud, la Prestación Médica Universal. Acá va a ser una Prestación Social Universal y Obligatoria de internet, telefonía y televisión.
¿Qué va a pasar después del congelamiento de precios?
El congelamiento es solo una medida excepcional por la pandemia. Después del congelamiento va a venir la discusión de los nuevos precios.
El congelamiento abarca desde el 31 de Junio hasta el 31 de Diciembre del 2020.
Ahí se va a tener en cuenta los nuevos costos, más las inversiones, más la ganancia, y eso va a dar la tarifa. En el decreto se asegura que el Estado va a velar por un precio justo razonable y equitativo que contemple las tres cosas.
¿El gobierno va a fijar precios?
La declaración como servicios públicos a la telefonía celular, TV por suscripción e internet, no significa que el Gobierno vaya a fijar los precios", sino que implicará que "los aumentos no sean unilaterales" por parte de las empresas.
Cualquier aumento de precios después del 1 de Enero del 2021 las empresas tendrán que acordar su precio futuro con el Estado a partir de su interacción del ENACOM.
Cada empresa, a partir de ahora, en vez de aumentar sin que nadie le diga nada, tiene que justificar los aumentos de costos y el Estado les comunicara si aprueba o no esos precios.
La palabra clave es Precios Justos o Tarifas Justas.
¿Va a bajar la calidad del servicio o las inversiones?
No, no tendría que bajar por ningún motivo la calidad de servicio ni las inversiones de infraestructura.
¿Es verdad lo que dicen las empresas cuando afirman que el decreto va en contra de su negocio?
No, esta medida es una medida en defensa de los ciudadanas y ciudadanos. Esto es una defensa a los consumidores.
La rentabilidad de estas empresas está y va a estar garantizada.
Recordá que en marzo/Abril del 2020 ya habían aumentado los precios. El Estado de esta forma cuida los intereses de los hogares argentinos, priorizando el bien comun por sobre las ganancias excesivas de las empresas que brindan estos servicios.
Acá podés consultar los puntos de conacto, por provincia, que el ENACOM tiene para recibir asesoramiento o realizar un reclamo o denuncia.
También pueden comunicarse al 0800-333-3344 de 9 a 17 horas, donde recibirán asesoramiento.
Podes ver y descargar el Decreto 690/2020 acá abajo